El sistema penitenciario estatal en el estado de Durango obtuvo una calificación de 6.36, abajo del promedio nacional de 6.45, en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con el estudio, la tendencia de la evaluación de las cárceles estatales es a la baja, en la entidad gobernada por el panista José Rosas Aispuro.
El sistema carcelario de Durango no ha superado la calificación de 6, entre los años 2011 y 2018 en los diagnósticos elaborados por la CNDH.
En 2011 su calificación fue de 6.63, para el año siguiente bajó a 6.21, en 2013 fue de 6.44 y volvió a descender a 6.40 en 2014; para el año siguiente su evaluación fue 6.14, de 6.51 en 2016, de 6.62 el año 2017 y el año pasado bajó nuevamente para quedar en 6.36.
Para el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, de la CNDH, se revisaron las condiciones de tres centros penitenciarios, con resultados diferentes.
El Centro de Reinserción Social número 1 de Durango presentó una sobrepoblación, debido a que, de una capacidad para mil 794 hombres y 157 mujeres, al momento de la visita contaba con una población de 3 mil 317 hombres y 285 mujeres.
La CNDH recomendó poner atención a las condiciones de sobrepoblación y hacinamiento, una deficiente separación entre hombres y mujeres, y faltas para prevenir violaciones a los derechos humanos.
El organismo autónomo detectó en este centro carcelario la inexistencia o deficiencia de condiciones materiales e higiene del área médica, en la cocina y en los comedores.
Se detectó la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, el ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de su libertad y condiciones de autogobierno o cogobierno.
Entre otras deficiencias, también se detectó una inadecuada clasificación de los internos, así como una insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación.
En el Centro Distrital de Reinserción Social número 1, El Salto, con una capacidad para 88 internos varones, al momento de la visita contaba con una población de 83.
La CNDH detectó la insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos; así como de violaciones a los derechos humanos.
También se destacó la falta de personal de seguridad y custodia; así como una deficiente separación entre procesados y sentenciados, la falta de actividades laborales, de capacitación y educativas.
En este caso se destacó también la falta de programas en el penal para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
En el Centro Distrital de Reinserción Social número 2, de Santiago Papasquiaro, en Durando, también se encontró una saturación de su capacidad para 140 hombres y 10 mujeres, con una población de 178 varones y 11 mujeres, actualmente.
Además de las condiciones de sobrepoblación y hacinamiento, el informe de la CNDH detectó la falta de la supervisión por parte del director del penal.
Hay insuficiencia en los programas de prevención y atención de incidentes violentos, faltan acciones de prevención a violaciones de derechos humanos y su atención en caso de ser detectados.
El penal tiene deficientes condiciones materiales y de higiene para atender a la población, principalmente en las áreas médicas, en talleres y áreas deportivas.
Además de la falta de personal de seguridad y custodia, la CNDH detectó insuficientes actividades laborales, de capacitación, educativas y deportivas.
