Los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado se reunieron con los secretarios de Seguridad y Administración, Francisco Javier Castrellón Garza y Arturo Díaz Medida; para que les aclararán las dudas sobre la compra y adquisición de 256 cámaras de videovigilancia por parte del Gobierno del Estado
Durante el encuentro, la presidenta de la Comisión, Sandra Amaya Rosales reconoció la disposición de los funcionarios estatales para ampliar la información sobre las acciones de seguridad y las que realizan en conjunto, el cual consideró como positivo, sin embargo, sus preocupaciones fueron la procedencia de los recursos para pagar los 153 millones que implica este proyecto bajo un arrendamiento, cómo se llevó a cabo la licitación, y qué empresa la ganó.
De esta manera, los secretarios explicaron que se instalarán 256 cámaras nuevas en 98 puntos de videovigilancia, en los municipios de Durango, Gómez Palacio, Santiago Papasquiaro y Lerdo; para contar con un total de 486 cámaras de mayor calidad y tecnología, cuyo arrendamiento se pagará con recursos propios del gobierno en un plazo de tres años, donde al concluir el contrato de arrendamiento serán propiedad del gobierno.
A lo largo de la ronda de preguntas y respuestas, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pablo César Aguilar Palacio, destacó que el tema de seguridad es una de las principales demandas de la sociedad, por lo que preguntó si se tiene contemplado inhibir los delitos de fuero común con la modernización de videovigilancia, y qué se va hacer con las cámaras que se sustituyan, a lo que respondieron que se destinarían para vigilancia de escuelas.
Por su parte, el diputado Gerardo Villarreal solicitó información sobre si existe una cláusula para evitar que este tipo de tecnología siga operando al término del contrato o se va a tener que hacer otro arrendamiento, por lo que consideró mejor que esta autorización hubiera pasado por el Congreso del Estado para que se diera continuidad o no esté a consideración de la próxima administración.
En su momento, el legislador Octavio Fernández Zamora felicitó a los servidores públicos por el ejercicio de rendición de cuentas del Gobierno estatal y a la vez se interesó por conocer cuáles serían los beneficios que obtiene la población con esta compra.
En su intervención, la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos se pronunció por conocer a detalle cómo está integrado en su totalidad este programa, ya que se tienen dudas sobre la capacidad que tienen el estado para saldar este compromiso, además de la coordinación que debe prevalecer con los municipios para la prevención de los delitos.
Finalmente, los secretarios se comprometieron a entregar un reporte detallado del contrato y de las condiciones de cómo se estará pagando.
